El juicio de la Superliga quedó visto para sentencia este jueves, después de la vista oral en el Juzgado número 17 de lo Mercantil de Madrid, en la que la UEFA consideró que el proyecto colapsó en las 48 horas siguientes a anunciar su creación en abril de 2021, cuando nueve de los doce clubes que participaban lo abandonaron.

La UEFA cuestionó la lectura sesgada que sus promotores han hecho de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y pidió a la jueza Sofía Gil que desestime íntegramente la demanda en su contra por los promotores del proyecto, como hicieron LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF), personadas en la causa.

LaLiga planteó finalizar el procedimiento ya que actualmente no subsiste el interés que tenía en 2021 la European Superleague Company (ESLC), que denunció, porque "el proyecto se ha abandonado" y el nuevo proyecto lo está impulsando A22 Sports Managment.

UEFA: "Los demandantes han jugado a la confusión con un proyecto que colapsó"

La UEFA mantuvo que su sistema de autorización de competiciones es compatible con la normativa europea y no contraviene los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), algo que entiende que comparte la corte de Luxemburgo en su sentencia del pasado diciembre, y aseguró que todas la organizaciones europeas han reconocido el papel regulador de la UEFA y la FIFA.

En su defensa, el abogado José Antonio Rodríguez, expuso que en abril de 2021 había un reglamento de autorización y que la normativa aprobada en junio de 2022 ha reunido en un único texto el conjunto de reglas aplicables.

"Los demandantes han jugado a la confusión, con un proyecto que se definió eufemisticamente como semiabierto, que colapsó, y han querido reconvertirlo en una suerte de carácter general de las características de la normativa a cualquier competición europea que podía ser solicitada", dijo.

En contra de la representación de A22 Sports Management y ESLC, el letrado subrayó que la denuncia es previa a la comunicación de la creación de la competición, remitida a la UEFA el 18 de abril, por lo que es "irrisorio que se diga que su fracaso fue por la actuación de la UEFA".

"Ni UEFA, ni FIFA se atribuyen o han pretendido atribuirse los derechos audiovisuales de competiciones organizadas por terceros. Si el objeto se limita a una cesión forzosa pretendida que en realidad no existe es claro que no tiene ningún objeto la denuncia de una conducta anticompetitiva", agregó.

LaLiga: "El proyecto generó la repulsa unánime"

LaLiga por su parte apuntó que el tribunal de la UE no ha puesto fin a ningún monopolio, ni cuestiona la existencia de un sistema de autorización por reguladores únicos como la UEFA y la FIFA, ni aprecia ningún conflicto de interés insalvable por el hecho de que la FIFA y la UEFA organicen y exploten sus propias competiciones.

Para su abogado, José Marcelino Pajares, el TJUE no valida la Superliga, da a entender que un proyecto cerrado o semicerrado es contrario a las características esenciales del modelo futbolístico europeo y reconoce múltiples eficiencias, tanto por la existencia de un procedimiento de autorización como de un sistema de comercialización conjunta de derechos.

"Está acreditado y es obvio que la única causa del fracaso fue el rechazo generalizado en todos los sectores del fútbol y en las instituciones. El proyecto, que no ha pedido ninguna autorización, no era atractivo y generó la repulsa unánime. Pretender que respondió a una campaña orquestada por la UEFA no es verosímil", consideró.

LaLiga refrendó lo manifestado en la única testifical de la vista por un perito de KPMG, a petición de la propia Liga, para quien la Superliga destruiría las ligas domésticas, que deben ser la vía de acceso a todas las competiciones. En su opinión, los pretendidos pagos de solidaridad jamás podrían compensar los daños que causaría una competición cerrada.

"El modelo de 'Champions' de 2019 no era interesante para la Liga y ese proyecto no se llevó a cabo, lo que esto revela una de las fortalezas del actual modelo, sus estructuras permiten escuchar las diferentes partes y eso permite que ante conflictos se puedan llegar a soluciones de compromiso como el que se alcanzó entonces", apuntó.

La RFEF defiende los principios del modelo deportivo europeo

La RFEF, representada por el abogado Tomás González Cueto, insistió en que la Superliga no pidió autorización y apuntó que el TJUE subraya que las normas de autorización son legítimas, tratan de proteger competiciones basadas en el mérito deportivo, sobre criterios que garantizan su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado.

También defendió principios del modelo deportivo europeo como la equidad, la solidaridad, la apertura de las competiciones, la necesidad de un calendario coordinado para que las federaciones puedan contar con sus mejores jugadores y sostuvo que el sistema de autorización no cierra el mercado a la entrada de ningún competidor.

"Las reacciones de los gobiernos, de los jugadores, de los clubes y de las instituciones europeas no respondían a un propósito anticompetitivo favorable a la UEFA y perseguidor de la Superliga, una competición diseñada opacamente, frontalmente contraria a los principios del modelo europeo del deporte, cerrada prácticamente en su totalidad en 2021 y que olvidaba en términos absolutos la importancia del mérito deportivo y la solidaridad", añadió.

La intervención de González Cueto puso fin a nueve horas de vista, tras la que el caso espera la sentencia de la jueza Sofía Gil, que no era la titular del juzgado cuando se admitió la demanda de ESLC y cuando su predecesor, el juez Manuel Ruiz de Lara, pidió opinión al TJUE.

A22 denuncia perjuicios incuantificables

En la sesión matinal comparecieron los representantes de ESLC y A22, que reclamaron la estimación de la demanda contra la UEFA y la FIFA, al haber quedado constatado que incumplieron la normativa de la Unión Europea por abuso de posición de dominio e impedir la libre competencia, y los perjuicios "incuantificables" causados por ello.

"Mi mandante es la víctima. Con ese impedimento durante estos tres años, los daños y perjuicios sufridos son incuantificables. La UEFA lleva intentando matar la Superliga tres años, y con ello matar este procedimiento. La muerte del competidor como defensa del monopolista", dijo el abogado de A22, Fernando Giménez, quien aseguró que "el proyecto pervive y sigue intentando entrar en el mercado".

En el mismo sentido se expresó Fernando Izurzun, representante de ESLC, para quien la UEFA y la FIFA han impuesto una autorización previa para otra competición, sin normativa que las ampare, generando un conflicto de interés por ser propietario de una competición y reservarse la autorización de otras.

"Quieren hablar de que el fútbol es diferente y, como esto suena mal, hablan del modelo europeo del deporte, pero no es verdad que el único modelo del deporte consista en el que ellos dicen", afirmó.