El fiscal rebajó ayer en el juicio de once a seis los años de prisión que pide para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por blanquear supuestamente veinte millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), de los que se cree que se quedó con al menos 6,5 millones.
En el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional el fiscal José Javier Polo ha rebajado también la solicitud de diez a cinco años de cárcel para el socio de Rosell, el abogado andorrano Joan Besolí, y de siete a un año y once meses para su esposa, Marta Pineda.
Asimismo lo ha hecho respecto a tres presuntos testaferros, para quienes pedía entre seis y ocho años de cárcel, y ahora solicita un año y once meses de prisión para Pedro Andrés Ramos González y Shahe Ohanessian y un año y seis meses para José Colomer Esteruelas.
En todos los casos el fiscal les acusa de blanqueo de capitales y grupo criminal, mientras que en sus conclusiones provisionales les atribuía además del primer delito otro de organización criminal, aunque en el informe que expondrá en la próxima sesión del juicio, el próximo día 25, explicará de forma más exhaustiva las razones de su modificación de conclusiones.
El fiscal pide, además, que los acusados paguen diversas multas, en concreto Rosell 59 millones de euros, Besolí 40 millones, Ramos 25 millones, Marta Pineda y Ohanessian 19 millones cada uno y Colomer 50.000 euros.
Asimismo, reclama que Rosell y Besolí sean inhabilitados para ejercer cualquier actividad en el mundo empresarial durante tres años, a contar a partir de que cumplan la pena privativa de libertad, y durante dos años Ohanessian y Colomer.
Los abogados defensores mantienen sus peticiones de absolución para todos los acusados y alegan vulneración de los derechos de estos, porque en su escrito de conclusiones definitivas el fiscal ha introducido hechos nuevos que no figuraban en su informe de acusación provisional, de los que no han podido defenderse en el juicio.
Intermediación
La acusación del fiscal está relacionada con la labor de intermediación de Rosell -que presidió el FC Barcelona entre 2010 y 2014- a través de su empresa de márketing deportivo BSM para que la CBF cediera en 2006 a un grupo audiovisual de Arabia Saudí los derechos de televisión de 24 partidos amistosos de la selección brasileña por 27 millones de euros.
La Fiscalía relaciona los delitos que atribuye a los acusados a unas supuestas comisiones ilegales que habría recibido el entonces presidente de CBF, Ricardo Teixeira.
