Los letrados de las defensas de una parte de los principales investigados en el caso Oikos, de supuestos amaños de partidos del fútbol profesional español, consideran que el daño causado a sus clientes durante los más de cinco años de instrucción es ya "irreparable".
Así lo han asegurado a EFE los letrados del expresidente del Huesca Agustín Lasaosa (José María Fuster), del jugador Íñigo López (Juan Pablo Lerena), de gerente de la constructora Pryobras Jesús Sanagustín (Ricardo Orús) y del futbolista Samu Saiz (Juan Gonzalo Ospina), que responsabilizan a la administración de Justicia y a los investigadores policiales no sólo del daño personal y económico causado a sus clientes sino del estigma social con el que deberán convivir.
A juicio del letrado del Íñigo López, el procedimiento llevado a cabo estos años no ha sido de instrucción sino de "destrucción" de su cliente, que no sólo ha visto embargadas sus cuentas y cerradas las puertas de muchos bancos sino que perdió su trabajo como jugador del Deportivo de la Coruña y, posteriormente, con su segunda detención, en el equipo del San Sebastián de los Reyes.
Lerena ha explicado que las detenciones se produjeron de forma masiva tras una investigación de la fiscalía previa de seis meses y otra del juzgado de instrucción de otros seis meses más, en una operación llevada a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional (UDEV), "muy dada, y lo digo con todo el respeto del mundo, a montar películas y a acciones llamativas".
Ha lamentado que el juzgado de instrucción de Huesca que se hizo cargo del caso "no tomara las riendas" de la investigación y la dejara en manos de la UDEV, lo que propició "irregularidades" como el hecho de que los autos de orden y registro se firmaran un día después de realizarse o que las detenciones se hicieran sin orden judicial previa.
Una investigación, ha añadido, para la que los agentes policiales solicitaron a las marcas de los coches de dos de los principales investigados las llaves de sus vehículos para colocar micrófonos o se le introdujera un 'software espía' al teléfono de Íñigo López para leer su comunicaciones por Whatsapp.
Este letrado ha considerado "escandalosas y salvajes" estas actuaciones policiales, que tras meses de leer los mensajes decidieron precipitar las detenciones de forma simultánea en varios puntos del país, sin un control judicial que impidiera "excesos", como el que su cliente fuera detenido en A Coruña, trasladado a Madrid y posteriormente, tras pasar una noche en un calabozo en Zaragoza, fuera conducido ante el instructor.
Una situación, ha añadido, que volvió a repetirse tres años después con nuevas detenciones, entre ellas la de su cliente, por parte de la UDEV, que resolvió rápidamente el juez instructor "dejándoles en libertad inmediatamente, horrorizado por lo ocurrido".
"El daño que se hace a las personas con este tipo de investigaciones es terrible y no esta valorado, porque produce daños difíciles de reparar en el tiempo", ha añadido Lerena, para quien la policía y el propio juzgado deberían hacerse responsables de esta situación.
En un sentido similar se ha pronunciado el letrado de Agustín Lasaosa, para quien su cliente se vio abocado a dejar el cargo del presidente del Huesca por una acusación que, ha subrayado, "en principio se veía que tenía poco sentido, que comenzó con una historia de apuestas deportivas, que luego siguió con el tema de los partidos y las obras en el campo".
Una situación, ha explicado, que situaron a Lasaosa "en el punto de mira" de la sociedad durante cinco años en los que el Huesca "ha tenido que prescindir de él", y sobre el que ha añadido que confiaba en que volviera a dirigir el club.
Por su parte, el abogado de Samu Saiz, ha expresado satisfacción por el resultado final del caso, pero ha asegurado al tiempo estar triste porque "se ha truncado la vida de mi cliente, porque esta situación le ha impedido firmar contratos millonarios e, incluso, jugar en Primera División".
En una reflexión posterior, Ospina ha considerado que "estaría muy bien que en España se hiciera una reflexión sobre los plazos y los tiempos de la justicia, y que se dejara de mirar a otro lado respecto a causas que se prolongan muchos años y que generan un mal muy profundo a los investigados, que son considerados desde el principio presuntos culpables".
También se ha pronunciado el letrado del gerente de la constructora Pryobras, que ha lamentado las "inconsistencias y errores" de la investigación policial hecha en torno a su cliente por la emisión de supuestas facturas que no correspondían con las obras llevadas a cabo en el campo del Huesca para financiar presuntos amaños finalmente descartados durante la instrucción".
"Desde que saltó el caso a los medios de comunicación, todos los operadores de económicos bloquearon los cauces de financiación para las empresas de mi cliente, cerrándole todo tipo de puertas en contra de la presunción de inocencia, lo que le supuso su ruina moral, de salud y económica, hasta el punto de tener que cerrar todas sus empresas por culpa de una investigación policial nefasta y sin pruebas suficientes", ha subrayado Orús, para quien "cuando la justicia llega tarde nunca se hace justicia".
