En la vista del juicio contra el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, el fiscal ha pedido que se mantenga la prisión provisional por riesgo de fuga.

Se ha celebrado ante la sección tercera de la Audiencia Nacional la vista del recurso que interpuso el abogado de Rosell, Pau Molins, contra su ingreso en prisión el pasado 25 de mayo por orden de la juez Carmen Lamela, imputado por blanquear en Andorra unos 7 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de 24 amistosos de la selección brasileña de fútbol.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el fiscal Vicente González Mota ha expuesto en la vista los mismos argumentos que ya alegó en su escrito rechazando la libertad de Rosell, en el sentido de que hay riesgo de que se fugue porque no tiene un especial arraigo en España, ya que mucha de su actividad laboral es en el extranjero, viaja de forma habitual y parte de sus bienes están fuera del país.

El fiscal ha apuntado ante el tribunal que Rosell habría delinquido al suscribir un contrato, a espaldas de la CBF, para desviar a Andorra los fondos que cobró por sus labores de intermediación.

El abogado del expresidente del Barça, Pau Molins, ha defendido por su parte que los pagos a Rosell son legales y responden a remuneraciones por intermediación en márketing deportivo, una labor que hizo ganar dinero a la CBF.

Molins ha afirmado durante la vista que no hay riesgo de fuga puesto que tiene mucho arraigo en España y que su defendido no cometió delito de blanqueo alguno porque el dinero que supuestamente lavó no provenía de delitos de corrupción.

Según han informado a Efe fuentes de la defensa, el letrado aportó ayer un documento para intentar probar que los fondos que Rosell obtuvo de la CBF no pueden proceder de un delito de corrupción pública porque dicha entidad es privada.

En dicho documento, firmado por el secretario general de la CBF, Walter Feldman, se afirma que esta entidad es privada y no recibe fondos públicos, y se añade que, aunque desconoce los hechos por los que se está investigando a Rosell en España, no se considera perjudicada por esos pagos.

Esto último probaría, según el letrado, que no se ha producido ningún perjuicio, ya que ni la CBF lo ha denunciado ni el juez ni el fiscal, a juicio de Molins, han aportado indicios de que exista ese daño.

Molins ha defendido en la vista que tampoco se ha producido un delito de corrupción entre particulares porque en Brasil (y en Andorra, donde ocultó el dinero) este delito no está penado. De esta manera, según su tesis, no se da la doble incriminación porque fue en el país sudamericano donde se produjeron los hechos.

En este caso está también imputado -aunque no se le ha podido arrestar y pesa sobre él una orden de búsqueda y captura- el expresidente de la CBF Ricardo Teixeira, quien participó junto a Rosell en el supuesto fraude.

El montante total presuntamente desviado por esos partidos, que se pagó a una empresa vinculada a una sociedad árabe de Islas Caimán del billonario saudí Saleh Kamel, serían casi 15 millones de euros, que se habrían canalizado a través de empresas de Rosell, quien luego repartió 8,3 millones a Teixeira.

Según la jueza, Rosell, junto con el resto de investigados, formaba parte de una organización criminal con ámbito transnacional que "se dedicó a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas".