El Partido Popular y Marea Atlántica frenaron una declaración institucional que había previsto el PSOE contra el presidente de LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD) por su actuación en lo relacionado con el partido Deportivo-Fuenlabrada.
El grupo que encabeza la alcaldesa, Inés Rey, buscaba el respaldo de la oposición para sacar adelante la declaración institucional a la vista de otras mociones que habían presentado los grupos de la oposición para el pleno del próximo jueves.
Sin embargo, según fuentes del gobierno local, ni PP ni Marea aceptaron la propuesta y mantienen sus respectivas mociones, en las que los populares piden la dimisión de la presidenta del CSD, Irene Lozano, y Marea, que se declare al de LaLiga, Javier Tebas, persona non grata.
Al haber fracasado la declaración institucional, el Gobierno local baraja la opción de convertirla en moción para el pleno de mañana, pero, al presentarla fuera de plazo y gobernar en minoría, necesita que la oposición acepte la urgencia.
El texto de la declaración, consideraba que el viaje del Fuenlabrada el 20 de julio con positivos en la plantilla provocó “graves perjuicios sanitarios, económicos y deportivos a la ciudad”.
Sostenía que “ninguna institución o sector, por muy importante que sea o que se sienta, está por encima” de las normas dispuestas para contrarrestar la COVID-19 y cuidar la salud pública.
Advertía, igualmente, de que “ni el Fuenlabrada ni LaLiga actuaron como indican las normas” y señalaba que “ante la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento de A Coruña reaccionó con rapidez, tanto en el plano de la denuncia pública como en el legal, poniendo la disposición de la Fiscalía la información”.
Aseguraba la declaración institucional que “el principal instigador y responsable de estos graves acontecimientos fue el presidente de LaLiga de Fútbol Profesional, Javier Tebas Medrano, que en todo momento demostró un absoluto desprecio tanto por las medidas a favor de la salud pública cómo por la ciudad de A Coruña, sus autoridades y, especialmente, sus gentes”.
En este sentido, añadía que “personas como Javier Tebas no tienen cabida, excepto en lo que respecta a responder por su comportamiento ante la Justicia”.
La declaración institucional también cuestionaba al CSD y su presidenta, Irene Lozano, que “dejó completamente impunes las irregularidades cometidas por el Fuenlabrada y LaLiga” y renunció a “cualquier tipo de reparación a las víctimas de lo ocurrido”, en referencia al Deportivo y la ciudad.
“Por desgracia, la actitud de la Javier Tebas encontró un socio inesperado. En contra de la ejemplaridad obligada del servicio público y mismo de sus propias afirmaciones un 22 de julio, el Consejo Superior de Deportes dimitió de sus responsabilidades con la salud pública y el justo funcionamiento de las competiciones”, criticaba el texto.
En virtud de eso, el equipo de gobierno pretendía exigir “una rectificación pública e inmediata al CSD en la que, entre otras cosas”, se aceptara una Segunda División de 24 equipos con Deportivo y Numancia y se inhabilitara a Tebas.
“En caso de no proceder así, la actual máxima responsable del Consejo Superior de Deportes, Doña Irene Lozano, sería cómplice del atropello a toda una ciudad, por lo que debería dimitir inmediatamente de su cargo”, exponía la declaración que no logró el consenso.
