El pasado 4 de diciembre, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña solicitó al Deportivo que le remitiera una certificación en que constara el número de acciones válidas y no válidas que presentó Miguel Otero el pasado mes de mayo para intentar forzar una Asamblea que el club le negó y que, posteriormente, acabó convocando motu proprio.
El objetivo de la jueza era conocer si Otero había conseguido reunir el cinco por ciento del capital social necesario para que el Consejo de Administración tuviera que convocar la Junta de Accionistas.
En el escrito que ha remitido el club al Juzgado y al que ha tenido acceso este diario, el Deportivo justifica por qué desatiende la solicitud que le hizo la jueza.
El club esgrime que en su momento no procedió a cuantificar las acciones porque el informe que elaboró su asesor jurídico, Óscar Rama, indicaba que “el orden del día” propuesto por Otero escapaba al “mínimo orden lógico, generaría perjuicios económicos así como al interés social del club” y era “totalmente contrario al mínimo deber de diligencia exigible a los administradores sociales en el desempeño de su cargo, pues implica la celebración de dos juntas generales de accionistas (...) y además dejaría a la sociedad en una situación de desgobierno o acefalia durante un muy relevante periodo de tiempo”.
Añade el informe que firman Tino Fernández y el secretario-consejero Enrique Calvete que por ese motivo, porque todas las acciones “proponían dicho orden del día, la totalidad de las delegaciones presentadas fueron consideradas no válidas”.
Sostiene Calvete en el informe al Juzgado que “aunque el asesor jurídico no cuantificó el alcance de las delegaciones que podían ser irregulares, no se solicitó mayor detalle y la finalización de este trabajo de comprobación, porque el rechazo de la petición se basaba en el orden del día propuesto, por la carga de trabajo y el tiempo que suponía analizar la totalidad de los documentos y porque se iba a convocar igualmente una Junta, con el orden del día correcto”.
El Deportivo considera que con ese certificado cumple el requerimiento efectuado por el Juzgado de lo mercantil número 2 de A Coruña, aunque en dicho texto solo justifica por qué no cuantificó las acciones que presentó Otero (válidas e inválidas) y sigue sin concretar el número de esos títulos, con lo que la jueza no podrá determinar si se había alcanzado el cinco por ciento del capital social requerido, como mínimo, para obligar al Consejo de Administración a convocar la Junta.
Insiste, a modo de conclusión, el Deportivo, que “el Consejo de Administración, a efectos de la resolución de la solicitud formulada el 11 de mayo (por Otero) no consideró válida ninguna de las delegaciones/solicitudes de convocatoria recibidas, por el orden del día propuesto para la celebración de la Junta”.
Web no corporativa
Miguel Otero ha basado su demanda en dos aspectos. Por una parte, ha reclamado que no se tuvo en cuenta su solicitud de la Asamblea y, por la otra, impugnó la convocatoria de la Junta que sí se celebró al considerar que el sistema de delegación de acciones que propuso el Consejo de Administración no se ajusta ni a los estatutos del club ni a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.
Respecto a lo primero (su solicitud de una Asamblea), el Deportivo consideraba que la demanda estaba fuera de plazo teniendo en cuenta que, cuando la presentó en el Juzgado, habían pasado más de 30 días desde la publicación del informe jurídico en la web del club.
El propio asesor jurídico, en un escrito al Juzgado, hacía alusión a que la página del Deportivo en internet era corporativa, y, en consecuencia, comunicar su informe a través ese canal habría servido para notificarle a Otero que su solicitud de convocar la Asamblea estaba desestimada. Sin embargo, la web del Deportivo, tal y como el club confirma al juzgado, no es corporativa y por tanto, solo tiene carácter informativo, no para notificar.
