El Grupo Socialista del Senado pidió ayer a Iñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, que España lidere en Europa la lucha contra la violencia tras los altercados de Bilbao, donde falleció el ertzaina Inocencio Alonso el pasado 22 de febrero.
También demandó que se impulsen medidas preventivas y programas educativos en el deporte base, entre los más jóvenes. “Basta ya de violencia en el fútbol”, exigió Juan Luis Soto Burrillo, portavoz en Deporte y senador por Murcia.
Piden ‘medidas’
Reclamó la expulsión de los violentos del fútbol, porque “el deporte y la violencia no son compatibles”, y para ello, es necesario adoptar medidas y llevar a cabo una “acción energética” para erradicar este tipo de comportamientos. Además, reivindicó volver a convocar el Observatorio de la Violencia en Deporte, que no se reúne desde 2010. “Lo ocurrido en Bilbao es lamentable, inaceptable y mostramos toda nuestra condena y solidaridad con la familia del fallecido”, subrayó.
Caso ‘Arandina’
En relación a la violencia y el fútbol, en este caso la de índole sexual, uno de los dos exjugadores de la Arandina investigados por la supuesta autoría de abusos sexuales cometidos contra una menor se encuentra ya fuera de prisión provincial de Valladolid donde permanecía interno, según confirmaron fuentes jurídicas.
Raúl Calvo, de 19 años, salió ayer de la cárcel, después de que la Audiencia Provincial de Burgos decidiera su puesta en libertad y la de otro exjugador del mismo equipo, investigado por los mismos hechos, Víctor Rodríguez Viti, de 22 años, quien permanece a la espera de depositar la fianza exigida judicialmente para abandonar la cárcel de Burgos donde se encuentra.
Libertad provisional
La Sección 1 de la Audiencia estimó el recurso de apelación interpuesto por las representaciones procesales de Raúl Calvo y Víctor Rodríguez ‘Viti’, a los que se adhirió en parte la Fiscalía, contra el auto del 12 de febrero que mantenía a ambos en prisión comunicada y sin fianza, y acordó su puesta en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros.
Asimismo, se ha descartado que haya riesgo de fuga, puesto que se ha acreditado el arraigo de los investigados en España, entre otros argumentos expuestos.
